DESACATO DEL CONGRESO DE TABASCO A LA SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE MEXICANA – ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA COIPET

                EL ESTADO DE DERECHO ES UNA FORMA SOCIAL DE FUNCIONAR EN ARMONIA, DE ACUERDO A LAS CONSIDERACIONDES DEL SISTEMA, RESPECTO A SU ADECUADA CONDUCCION EN SALVA MEDIDA, DE LOS ACTORES EN UNA NACION.

                TODO FUNCIONARIO Y AUTORIDAD SE ENCUENTRA BAJO EL IMPERIUM DE LA LEY, INCLUSO GOZANDO DE FUERO, Y CUALESQUIER ACCION QUE DESEMPEÑE EN EL PUESTO ES SU RESPONSABILIDAD PLENA, Y NO JUSTIFICABLE O EXCUSABLE EN EL EXCESO DE PODER, Y MENOS EN LA FALAZ ILUSION DE QUE UNA AUTORIDAD NO SE ENCUENTRA VINCULADA POR OTRAS AUTORIDADES, Y MENOS CUANDO SU INTERACCION LES HACE COINCIDIR, Y SERPENTEAR EN EL QUEHACER MUTUO, SIN QUE IMPERE LA JERARQUIA, SINO EL ESTADO DE DERECHO QUE CADA UNA EJERCE Y REPRESENTA.

ES IMPORTANTE ANALISAR LAS CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES JURÍDICAS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 2/2009 Y SU ACUMULADA 3/2009, DICTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES RAZONAMIENTOS:

                PRIMERO. – Diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Tabasco declarados inválidos como resultado de la ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD presentada a la Corte por Diputados de la LIX Legislatura de Tabasco (19, 22, 23, 24 y 25) debieron haber sido reformados una vez concluido el proceso electoral local del año 2009, pues a la letra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo siguiente:
“…Sin menoscabo de que una vez concluidos dichos procesos, realicen las adecuaciones legislativas pertinentes, esta Suprema Corte de Justicia determina que la declaración de invalidez de esos numerales, surtirá sus efectos una vez que en términos de lo previsto en el artículo 200 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, concluya el proceso electoral que actualmente se está desarrollando”
. (Páginas 420 y 421 de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009).

 

 SEGUNDO. En ese mismo sentido, es de vital importancia advertir que a los fines de acertado y pleno cumplimiento de la sentencia emitida por la SCJN, es indispensable realizar la modificación al texto constitucional local (artículos 13 y 14) en lo relacionado con el contenido de los artículos que fueron declarados inválidos del COIPET por nuestro Máximo Tribunal.
                Dicho de otra forma, las bases jurídicas de las cuales emanan los artículos 19, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, se encuentran contenidas, en los artículos 13 y 14 de la Constitución Local, por lo que cualquier intento de modificación legal, sin pasar por la reforma constitucional, implicará un desacato a lo mandatado por la sentencia en comento, pues se reformarían o derogaría articulado de una ley secundaria, sin efectuar el mismo ejercicio sobre el ordenamiento superior, motivador y por ende violatorio del texto constitucional nacional.
                En abono a lo antes expuesto, el considerando décimo octavo denominado “efectos de la sentencia” que nos ocupa, visible en las páginas 411 y 412 del referido documento, establece que en las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad, deben precisarse sus alcances y efectos, en términos del numeral 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se transcribe a continuación, y que en la parte que nos interesa, precisa que la declaración de invalidez de una norma general (Ley Electoral del Estado de Tabasco) se hace extensivo a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, situación, que como hemos acreditado se actualiza en la especie:

“Artículo 41.- Las sentencias deberán contener:
(…)
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;”

 

                TERCERO. En ese tenor, como consecuencia de acatar lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia antes referida, los distintos grupos parlamentarios al interior del Congreso del Estado, presentaron diversas reformas al texto Constitucional Local, específicamente, los artículos 13 y 14 de la Constitución Local; lo anterior, como una consecuencia lógica y jurídica de la vinculación de la norma legal con la norma constitucional a que hemos hecho referencia en el punto inmediato anterior.
               

                CUARTO. En ese tenor, al interior de las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales; y de Asuntos Electorales, supuestamente  construyeron los acuerdos parlamentarios necesarios, para generar con fecha 14 de febrero de 2011, un dictamen de reformas a la Constitución Política del Estado de Tabasco sobre los artículos 13 y 14. En ese sentido, cabe recalcar que el dictamen referido, refleja la voluntad de los legisladores del Congreso del Estado de Tabasco, de acatar lo que mandata la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las diversas propuestas que fueron presentadas por los distintos partidos políticos, y que a la postre, fue incluidos dentro del pluri-citado dictamen, tal y como se puede constatar mediante las firmas de los representantes de las fracciones partidistas allí representadas (PRI, PRD, PAN y PVEM).

                QUINTO. El dictamen antes citado, se sometió a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Tabasco el pasado 16 de febrero de los corrientes, sin embargo, luego de su discusión obtuvo una votación de 21 votos a favor y 14 en contra, lo que fue insuficiente para su aprobación, ya que para realizar una reforma a la Constitución local, el procedimiento legislativo exige una votación de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Sesión; 23 de 35 diputados totales para este caso.Dado que fue una votación pública, pudimos apreciar que el sentido del voto de los integrantes de las fracciones parlamentarias -PRD (11) y PAN (3)-, fueron en contra de la propuesta del dictamen, impidiendo ello la construcción de la Reforma Constitucional que venimos analizando.
               

                SEXTO. Sin entrar en consideraciones y tibiezas, es de decirse que la decisión de los legisladores que se negaron a votar en sentido afirmativo el dictamen antes referido, se encuentran en desacato a la sentencia emitida por la SCJN, y en tal virtud, el presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, tendrá que dar vista a la Corte del resultado de la votación donde los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRD y PAN se negaron a dar cumplimiento a la sentencia emitida por el más Alto Tribunal del país. Esto como mera acción de Tramite, porque en realidad los diputados en si no funcionan independientes, sino como un órgano conjunto, y el desacato no es nominal a cada diputado sino al CONRESO DEL ESTADO DE TABASCO EN SU CONJUNTO.
               

SÉPTIMO. Como ejemplos ilustrativos de las consecuencias del no acatamiento de las sentencias dictadas por las jurisdicciones constitucionales especializadas en la materia electoral, tenemos el caso derivado del expediente 440/2001, radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que ante el incumplimiento de la sentencia dictada en su momento con la reposición de un procedimiento legislativo relacionado con la materia electoral, desencadenó diversas consecuencias legales, entre ellas, las vinculadas con responsabilidades políticas, penales y administrativas de los legisladores omisos en acatar el fallo jurisdiccional aludido.
                De igual forma, tenemos como antecedente, el caso de dos diputados locales de la Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, quienes se negaron a participar en los trabajos legislativos, derivados de la ejecución de una sentencia dictada en un fallo del Poder Judicial Federal (Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito), y en la cual, es inminente el fincamiento de responsabilidades penales, políticas y administrativas en contra de los diputados omisos, que conllevará la destitución de los citados legisladores.

                OCTAVO. Así las cosas, los artículos 105 último párrafo y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; son relativos al cumplimiento de la ejecución de la sentencia:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
………
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.
Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
(…)
XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.”

                Derivado de lo anterior, la Corte, emitió el Acuerdo General 12/2009, precisando en el Segundo Considerando lo siguiente:

“SEGUNDO. La fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para separar del cargo y consignar ante el juez de distrito que corresponda a la autoridad responsable que insista en la repetición del acto respecto del cual se haya concedido una sentencia de amparo o trate de eludir el cumplimiento de un fallo de esa naturaleza, siempre y cuando, considera que el incumplimiento es inexcusable; en la inteligencia de que si la conducta contumaz fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o de repetición del acto, la propia Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia…”

 

En esta primera entrega, ofrezco mi apreciación jurídica Practica de la situación que se derivó de la actuación del CONGRESO DE TABASCO, en el acatamiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no omitiré su alusión en entregas futuras sobre sus consecuencias reales, pero por esta ocasión me congratulo del favor de su atención.

 M.D. NORMANDO  GRANADOS
————

 JUSTIFICACION LEGAL

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL.

Artículo 41.- Las sentencias deberán contener: 

                I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; 

                II. Los preceptos que la fundamenten; 

                III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados; 

                IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

                V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen; y,

               VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación.

 

Artículo 44.- Dictada la sentencia, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.

                Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado.

 

Artículo 45.- Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

                La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

 

Artículo 46.- Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolverá si aquella ha quedado debidamente cumplida.

            Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna actuación sin que esta se hubiere producido, las partes podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que requiera a la obligada para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del acto así lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su cumplimiento, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto al ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

                XVI.- Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.

                Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento substituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

                La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria.

                XVII.- La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo, en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare;

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